Cartagena de Indias
07 Mar

Colombia apuesta por la innovación y la competitividad


En septiembre del pasado año tuvimos la oportunidad de conocer el reporte en materia de Propiedad Intelectual (PI) del periodo 2000-2016, realizado por iniciativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Departamento Nacional de Planeación del Gobierno de Colombia (DNP) y el sistema de autoridades administradoras de la PI en el país: SIC, DNDA, ICA, así como la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas. El reporte, que se encaminó a ser un insumo para la fijación de las políticas públicas en esta materia, concluyó una tendencia creciente en Colombia en materia de solicitudes de signos distintivos y nuevas creaciones durante buena parte del periodo analizado. Por supuesto, con relación a las marcas la participación de residentes es mayoritaria con una cuota aproximada del 60% (seguido por Estados Unidos principalmente, pero también Alemania, España y Francia), mientras que en materia de nuevas creaciones el 80% de las solicitudes de patentes de invención fueron presentadas por extranjeros (Estados Unidos, Suiza, Japón, Francia y Alemania) —salvo esquemas de trazado y modelos de utilidad, donde los residente ocupan el mayor porcentaje, lo cual es normal en Latinoamérica—. Lo que sí pudiéramos destacar en nuestra región es el crecimiento sostenido de Colombia a partir del 2014 en solicitudes y registros por encima de Argentina, además de plantear de manera reflexiva el desconcertante cuarto puesto de nuestro país, rico en diversidad, con respecto a los certificados de obtentor de variedades vegetales, en los que Brasil y Argentina le han tomado una ventaja considerable. Todos los indicadores reportados en el informe son el punto de partida para seguir investigando y medir el verdadero impacto que la protección de la propiedad intelectual tiene en el crecimiento económico y si, en realidad, lo conocido hasta ahora puede medir efectivamente el grado de innovación y de competitividad de nuestras empresas.

En efecto, no siempre las cifras relacionadas con solicitudes de registro para patentes y marcas reflejan el grado de innovación de un país. O al menos éste no debe ser un indicador analizado de forma aislada. Hemos estado inmersos en un programa de motivación y apoyo para la protección de solicitudes de patentes de invención para nacionales innovadores, cuyo objetivo principal ha sido subir el ranking de solicitudes de patente de Colombia, lo cual se ha logrado. Lo anterior no soluciona per se la baja participación de los inventores colombianos en el sistema de patentes, pero superar el número de solicitudes posiciona sin lugar a dudas a Colombia a nivel internacional y frente a sus inversores. A nivel interno, ha dejado lecciones importantes sobre las grandes capacidades de los investigadores colombianos, la brecha tecnológica de los resultados de la investigación y de la mística de las universidades públicas y privadas por aportar el país resultados que impacten verdaderamente en la región, el país y e mundo.

Se ha dejado al descubierto también la necesidad de que las instituciones de educación superior, las empresas y los centros de investigación que aportan a la innovación del país, mejoren su capacidad de interactuar y asociarse y consoliden en general procesos ágiles que sean conocidos por sus propios integrantes para identificar esos resultados con potencial de productividad y competitividad. Y que, una vez identificados, puedan lograr una protección adecuada que favorezca la trasferencia de la tecnología e incluso desde antes de que la solicitud de patente haya sido presentada. 

Pareciera que hay una tendencia casi general en aquellas organizaciones que han logrado patentar en Colombia: la de de considerar que con una patente se puede salir al mercado casi de forma automática a vender la tecnología. Algunas dejaron de lado que el camino que lleva a un resultado exitoso de transferencia comienza desde el momento en que se definen las líneas de investigación, cuando se realizan los estudios tecnológicos sobre el potencial tecnológico y comercial de sus proyectos, los estudios del estado del arte y las decisiones estratégicas para escoger si se patenta o si se buscan formas alternas y/o complementarias de protección. 

Nos favorece ampliamente en Colombia que hay conciencia al respecto por parte de los líderes de la I+D+i. Y también, es innegable, que la Superintendencia de Industria y Comercio de unos años hacia acá se ha venido fortaleciendo desde su plataforma tecnológica y desde sus políticas de protección y defensa. Lo ha hecho a través de procedimientos más laxos pero también seguros, encaminados a acompañar a los inventores a proteger sus desarrollos y no a torpedearlos. Por supuesto, existen épocas en las que la implementación de las nuevas tecnologías y el cúmulo de trabajo entorpecen o demoran transitoriamente los procesos de protección, pero es innegable que Colombia en ese sentido avanzó muchísimo frente a los demás países de América Latina en relación a los procedimientos para proteger los derechos de propiedad industrial, los derechos de los consumidores y la sana competencia.

Por eso, hoy como consultores de la propiedad intelectual sentimos que podemos aportar y sembrar en un terreno fértil hacia la competitividad. Porque los diferentes actores del desarrollo nos estamos uniendo para aprender, para reinventar los procesos, para trabajar en alianzas que permitan aprovechar los recursos públicos y privados y aportar así al desarrollo tecnológico y económico del país. Sin embargo, está todo por hacer y tenemos que tomar conciencia de que el desarrollo del país depende de políticas públicas, de asignación de recursos para la Ciencia a cambio de su reducción y de avanzar de forma segura hacia la competitividad. Lo anterior sin olvidar que el fin último será la sostenibilidad,  aunque aún estamos lejos de ella.

Por Claudia Caro. Directora de PONS IP Colombia.